El orden público y la seguridad ciudadana.

En Colombia, el manejo histórico de los problemas de violencia y delincuencia ha sido tradicionalmente policial y militar.

Los distintos gobiernos delegaron esta función en cabeza de las fuerzas armadas, sin que existiesen políticas integrales de seguridad del Estado y de seguridad ciudadana lideradas por el ejecutivo.

Durante muchos años, primó una visión particular que privilegio el uso legítimo de las armas, la resolución violenta de los conflictos y las respuestas coercitivas frente a estos problemas y en algunos casos frente a los conflictos sociales, dejando de lado las acciones preventivas e integrales.

En medio de esta situación creció la violencia y la delincuencia, por ejemplo los homicidios comunes pasaron, según la Revista Criminalidad de la Policía Nacional de 2003, de 8.565 en 1980 a 28.837 en el 2002, es decir que se registró un incremento del 236% en apenas 22 años; el hurto de automotores paso de 3.017 a 30.277 (+933%); el secuestro extorsivo paso de 72 a 2.986 (+4047%); la extorsión de 404 paso a 2.512 casos (+521%) y el atraco callejero paso de 5.493 en 1988 a 33.431 en 2002 (+508%) en solo cinco años.

Adicional al incremento de la delincuencia y la violencia, el problema carcelario no ha sido preocupación de casi ningún gobierno. Las cárceles con infraestructuras viejas, inadecuadas y en estado de hacinamiento lo que no les permite cumplir con su razón de ser, por el contrario se han constituido en sitios que reproducen con mayor intensidad la criminalidad.

A pesar de los esfuerzos por construir nueva infraestructura que se vienen haciendo desde 1998, estas situaciones y la violación permanente de los derechos humanos persisten.

Esta falta histórica de manejo de Estado de la seguridad, y de manera particular de la seguridad ciudadana, se ha visto reflejada en la poca claridad respecto al concepto y manejo del orden público, el cual es equiparado, comúnmente, a los problemas del conflicto armado y no al concepto de orden de lo público, que puede ser alterado no sólo por acción de los grupos armados al margen de la ley, sino por acciones del narcotráfico, de la delincuencia organizada o común, e inclusive por hechos de corrupción.

No hay que olvidar, que fue la Constitución de 1991 la que le dio la amplitud a este concepto y además determinó, de manera clara, que el Presidente, los gobernadores y los alcaldes son los responsables del “manejo del orden público” en sus respectivas jurisdicciones, lo que incluye, desde luego, la seguridad de los ciudadanos frente a cualquier hecho que pueda afectar su vida, integridad, bienes y honra, tal y como lo establecen los artículos 189, 296, 303, 315 y 3309 y las leyes que existen para tal fin.

Hugo Acero Velásquez*

SERVIBOY LTDA.  Vinculado con las Redes de Apoyo de la Capital del Departamento de Boyacá, como Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada, propendemos por la Seguridad de Nuestros Clientes y de los ciudadanos.