El Centro de Memoria Histórica presenta recientemente un estudio que documenta la situación de muchos de los excomabientes de las AUC después de la desmovilización. El siguiente artículo del Periódico El Espectador analiza esta problemática situación de inseguridad en nuestras ciudades.

Bogotá tras la reinserción ‘para’

Bogotá tiene un panorama muy complejo de violencia: durante décadas de conflicto armado ha recibido, como ninguna otra capital del país, excombatientes de estructuras armadas desmovilizadas, sin que los gobiernos hayan podido reinsertarlos efectivamente a todos. Son algunos de ellos los que hoy engrosan las redes mafiosas, de lavado de activos, narcotráfico y delincuencia común que impactan el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Son ellos los mismos que controlan las ‘ollas’ de droga, el tráfico ilegal de gas propano, la circulación de panfletos amenazantes a organizaciones defensoras de DD.HH., el reclutamiento de jóvenes y la cooptación de menores de edad para ejercer la prostitución, vender alucinógenos en colegios distritales o trabajar como raspachines en «chacras» de los Llanos Orientales.

Estos son algunos de los nuevos escenarios de violencia que se presentan en la capital luego de la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006. El diagnóstico hace parte del informe nacional que presenta hoy el Centro de Memoria Histórica. Por lo pronto es claro que no es tan fácil decir que la violencia y las estructuras ilegales en Bogotá son de ‘paras’ o de bacrim mal desmovilizados. La situación es mucho más problemática que eso. Se trata de personas que han encontrado una forma de vida en el control violento de mercados ilegales y de territorios marginales. Por eso este documento es un buen registro de lo que entre 2012 y 2013 ha sucedido en la ciudad con relación a estos grupos al margen de la ley. En este período, por ejemplo, la intimidación de estas estructuras fue permanente, en particular de los Rastrojos Comandos Urbanos y las Águilas Negras – Bloque Capital, según reportó la Defensoría del Pueblo.

Fueron también las Águilas Negras y los Rastrojos quienes a comienzos de 2013 hicieron circular panfletos de muerte contra líderes de organizaciones sociales o comunitarias y ONG de derechos humanos. Asimismo, en febrero de 2012, la Policía advirtió que las casas de cambio del norte y el centro de Bogotá estaban en la mira de los Urabeños. La banda envió a la capital a alias Negro Orlando con la orden de que asumiera el control de este negocio para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Los Urabeños, que buscaban expandir su poder en el país, habían logrado una supuesta alianza con los Rastrojos para controlar sectores de Bogotá.

El año 2013, como registra este documento, empezó también con una masacre que alertó sobre el poder de muerte que alcanzaron los grupos de delincuencia organizada. En el barrio Villa Nidia, en los cerros orientales del norte de Bogotá, cinco personas fueron asesinadas por un clan familiar de delincuentes conocido como los Pascuales, en una aparente pugna por los mercados de microtráfico y extorsión de drogas. Más adelante, con la muerte de Jairo Díaz, un patrullero de la Policía, se conoció la existencia de los Luisitos, una estructura delincuencial que, según las investigaciones previas de la Fiscalía, tendría nexos con miembros de la Policía. Durante este primer semestre de 2013, con la orden nacional y local de intervenir las «ollas» de la ciudad, las operaciones policíacas reforzaron la idea de que estas casas de microtráfico eran las nuevas plataformas del crimen en el país. Los «puntos de miedo» denunciados reiteradamente durante 2013 eran una muestra de ello.

Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en estos lugares se concentró una economía del delito, alrededor de las «ollas». Varios de ellos se ubicaban en Ciudad Bolívar, donde han existido bandas organizadas con jefes reconocidos, que ejercen coerción y tienen control territorial. Para 2013, en esa localidad había, según la Secretaría Distrital de Gobierno, 1.300 personas desmovilizadas, de las cuales tan sólo 120 participaban en programas gubernamentales.

Los reportaban como victimarios y víctimas, porque muchos de ellos eran amenazados de muerte, ya fuera por informar sobre las actuaciones de las estructuras paramilitares o por rehusarse a vincularse a nuevas bandas ilegales. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) declaró que en 2008 tuvo que trasladar a un desmovilizado que vivía en Bogotá, luego de que le «cortaran la lengua porque estaba hablando de más». Pero de acuerdo con el documento del Centro de Memoria, escrito por los investigadores Juanita Esguerra y Lukas Rodríguez, en 2013 también se descubrió la incursión de estas bandas en nuevos mercados, como el del tráfico ilegal de gas propano: «Una investigación realizada por Gasnova (Unión de Empresas Colombianas de Gas Propano) encontró que en Bogotá operaban alrededor de diez ‘llenaderos’ ilegales donde se envasaban cilindros en zonas residenciales de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Barrios Unidos». También era de esperarse que se presentara una relación entre las localidades que tenían fuerte presencia de grupos ilegales y las tasas más altas de homicidios, como pasó en Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar. Pero, de acuerdo con Gerardo Bazante, investigador del Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), el reclutamiento ilegal de jóvenes, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa, no sólo está vinculado al microtráfico, también a una amplía oferta de trabajo ilegal:»La cooptación de niños, niñas y jóvenes se hace para ejercer la prostitución los fines de semana en poblaciones como Melgar, Girardot, Tocaima, Villeta y Carmen de Apicalá. También se da cooptación en colegios distritales para la venta de alucinógenos en estas instituciones y de jóvenes para que trabajen como raspachines en los Llanos Orientales».

Este es el panorama que se presenta en Bogotá, a pesar del trabajo cada vez más articulado que realiza la actual Alcaldía con el Gobierno y hoy documenta el Centro de Memoria Histórica. Será determinante que esta clase de informes sobre los escenarios que nos dejó la desmovilización de los paramilitares sirva para motivar cambios y mejorar partidas presupuestales para una eventual desmovilización de las Farc, ahora que todos los políticos hablan de las bondades del posconflicto.

Fuente: El Espectador

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