La seguridad privada aparece en la segunda mitad del siglo XX como necesidad de defensa a los ataques de a personas y propiedades; posteriormente por iniciativa de las fuerzas militares retiradas y que informalmente se creó. Sólo hasta 1993 se da vía libre a la creación de empresas particulares nacionales para ofrecer y prestar servicios remunerados en aspectos de protección a bienes, personas, muebles e inmuebles, transporte de valores, con autorización del Ministerio de Defensa quienes se encargan de la expedición de las licencias y bajo control directo de la Policía Nacional.

En 1994 se crea la superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada y que hasta la actualidad regula estas funciones mostrando que esta profesión es muy lucrativa por los servicios prestados, haciendo parte muy importante del sector económico.

En el mundo esta profesión es catalogada como una actividad de alto riesgo, pero en Colombia no es así, en ocasiones los usuarios los ven como ciudadanos de tercera, predominando en el trato autoritarismo y despótico, en donde el trabajador está enfocado a recibir órdenes y no ciudadanos con derechos. A finales del año pasado se ha radicado un proyecto donde se busca el reconocimiento de los derechos del guarda de seguridad, proponiendo la defensoría de los trabajadores de la vigilancia y la seguridad privada.

Los principales problemas que han aquejado esta situación son la falta de normas para tarifas, las condiciones que se pactan sin normatividad, la falta de capacitación y el desconocimiento de los derechos laborales, la ausencia de diálogo social y las empresas ilegales, han sido los detonantes de dichos desastres.

La unión y cumplimiento de las nuevas normatividades en cuestión de regulación de tarifas y demás, serán la base para el éxito para superar dichas problemáticas.